Santo Domingo, 20 ago (PL) Una alta incidencia de menores en delitos graves tiene alarmadas a las autoridades dominicanas, que se han dado de manos a boca con un problema que carece de solución inmediata.
La situación se hizo evidente en unas estadísticas difundidas por la Policía Nacional, según la cual de cada 10 delitos que resuelve ese cuerpo, seis involucran a niños y adolescentes.
Sólo en abril pasado, 27 menores fueron detenidos por transgredir las leyes sobre porte y tenencia de armas, robos y asaltos y venta de estupefacientes ilegales.
Otra de las preocupaciones es que las armas en manos de esos niños y adolescentes son de fabricación casera, lo que evidencia que existe una industria que fabrica y comercializa esos instrumentos.
El uso de menores en especial en el tráfico de narcóticos, es la variante escogida por los expendedores para eludir la creciente presión de las autoridades sobre el tráfico de drogas ilegales.
Menos conspicuos por su apariencia, los niños y niñas son empleados como mensajeros de una nueva modalidad de distribución de alucinógenos, la entrega a domicilio, la cual permite a los narcos hacerse "invisibles" para las autoridades.
Otro componente que alienta la situación es el creciente marginalismo de grandes segmentos de la sociedad, empujados por el estado crítico de las escuelas públicas y, sobre todo, el creciente desempleo y la crisis de valores.
El alcoholismo y la drogadicción entre los adultos, con su secuela de familias disfuncionales, violencia doméstica y un subdesarrollo cultural que se reproduce de manera geométrica, contribuyen a complicar el cuadro.
Lo más triste de la situación es que los involucrados en delitos mayores invierten sus ganancias en juegos de azar y el consumo de narcóticos, las dos industrias más florecientes del país en la actualidad.
El cuerpo señala que existen bandas organizadas de menores, las cuales sirven como iniciación tribal en el hampa, pues sus miembros son reciclados a medida que van alcanzado la mayoría de edad.
Acorde con las autoridades en la provincia de Santiago (Norte) hace años existe una banda conocida como Los Meneítos, cuyos miembros tienen entre nueve y 17 años de edad, la cual es una suerte de universidad de criminales cuyas especialidades son los atracos callejeros y robos con escalamiento.
Algunos de esos hechos pueden derivar en complicaciones mayores pues la tenencia de armas es legal y está muy difundida.
La escasez de instrumentos legales y, sobre todo, de instituciones especializadas para atender los casos más graves, además de una obsoleta legislación sobre el tema, conceden cierta impunidad a esos aprendices de delincuentes.
Cuando uno de esos niños es atrapado por la policía es remitido a los tribunales de menores en los cuales existen requisitos técnicos que permiten evadir la acción de la justicia, el más socorrido de los cuales es que el acusado tiene que ser detenido en flagrante delito.
El informe policial es apenas una voz que clama en el desierto frente a una crisis social subyacente cuyo impacto en el futuro de la sociedad dominicana puede verse a corto plazo.
Apenas a la distancia del día que separa a un adolescente de la mayoría de edad.
La situación se hizo evidente en unas estadísticas difundidas por la Policía Nacional, según la cual de cada 10 delitos que resuelve ese cuerpo, seis involucran a niños y adolescentes.
Sólo en abril pasado, 27 menores fueron detenidos por transgredir las leyes sobre porte y tenencia de armas, robos y asaltos y venta de estupefacientes ilegales.
Otra de las preocupaciones es que las armas en manos de esos niños y adolescentes son de fabricación casera, lo que evidencia que existe una industria que fabrica y comercializa esos instrumentos.
El uso de menores en especial en el tráfico de narcóticos, es la variante escogida por los expendedores para eludir la creciente presión de las autoridades sobre el tráfico de drogas ilegales.
Menos conspicuos por su apariencia, los niños y niñas son empleados como mensajeros de una nueva modalidad de distribución de alucinógenos, la entrega a domicilio, la cual permite a los narcos hacerse "invisibles" para las autoridades.
Otro componente que alienta la situación es el creciente marginalismo de grandes segmentos de la sociedad, empujados por el estado crítico de las escuelas públicas y, sobre todo, el creciente desempleo y la crisis de valores.
El alcoholismo y la drogadicción entre los adultos, con su secuela de familias disfuncionales, violencia doméstica y un subdesarrollo cultural que se reproduce de manera geométrica, contribuyen a complicar el cuadro.
Lo más triste de la situación es que los involucrados en delitos mayores invierten sus ganancias en juegos de azar y el consumo de narcóticos, las dos industrias más florecientes del país en la actualidad.
El cuerpo señala que existen bandas organizadas de menores, las cuales sirven como iniciación tribal en el hampa, pues sus miembros son reciclados a medida que van alcanzado la mayoría de edad.
Acorde con las autoridades en la provincia de Santiago (Norte) hace años existe una banda conocida como Los Meneítos, cuyos miembros tienen entre nueve y 17 años de edad, la cual es una suerte de universidad de criminales cuyas especialidades son los atracos callejeros y robos con escalamiento.
Algunos de esos hechos pueden derivar en complicaciones mayores pues la tenencia de armas es legal y está muy difundida.
La escasez de instrumentos legales y, sobre todo, de instituciones especializadas para atender los casos más graves, además de una obsoleta legislación sobre el tema, conceden cierta impunidad a esos aprendices de delincuentes.
Cuando uno de esos niños es atrapado por la policía es remitido a los tribunales de menores en los cuales existen requisitos técnicos que permiten evadir la acción de la justicia, el más socorrido de los cuales es que el acusado tiene que ser detenido en flagrante delito.
El informe policial es apenas una voz que clama en el desierto frente a una crisis social subyacente cuyo impacto en el futuro de la sociedad dominicana puede verse a corto plazo.
Apenas a la distancia del día que separa a un adolescente de la mayoría de edad.
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